Titulado oficialmente como Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, el pacto logrado en Escazú, Costa Rica, en marzo de 2018 busca dar garantías en una región con múltiples conflictos ambientales y donde miles de líderes están en riesgo. Países con contextos críticos en esta materia, como Colombia, Brasil o Perú, no lo han ratificado.
Todo empezó con un minuto de silencio en memoria de Berta Cáceres. La lideresa ambiental indígena hondureña que fue asesinada el 3 de marzo de 2016 tras enfrentarse al proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca» en territorios indígenas y denunciar la persecución en su contra, tanto de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), como de aliados del presidente Juan Orlando Hernández. Dos años más tarde, por esa misma fecha, el rostro de Cáceres encabezaba la cumbre en Escazú, Costa Rica, donde los líderes de 33 países de la región la honraban antes de concebir uno de los acuerdos más importantes en materia ambiental del continente.
De ese grupo, 24 países firmaron el compromiso de adhesión, de los cuales 12 lo han ratificado. El Acuerdo de Escazú entra en vigor este 22 de abril, en el Día de la Tierra, y la mitad de sus signatarios están en mora de ratificarlo.
El Acuerdo de Escazú: un pacto de esperanza para los líderes ambientales
Múltiples organizaciones, activistas y líderes ambientales en la región coinciden en que el Acuerdo de Escazú busca hacer frente a este panorama. El pacto fue impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). La secretaria de la organización, Alicia Bárcena, dice que este acuerdo es «importantísimo para la región» y nació como «un pacto con una sociedad que está pidiendo una nueva forma de organización económica y social».
El Acuerdo de Escazú no ha sido ratificado en los países donde es más urgente
Brasil encabeza la clasificación de las naciones que más bosques primarios perdieron durante 2020, según un reciente informe de Global Forest Watch, y Perú y Colombia, ocupan el quinto y sexto lugar de ese ránking respectivamente. Pese a ello, ninguno de estos tres países ha suscrito todavía el Acuerdo de Escazú.
«Creemos que existe un lobby empresarial, que nos preocupa, que está pensando que este acuerdo les va a impedir seguir delante con sus actividades, y no deberían verlo así», dice Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL.
Para los analistas, el Acuerdo es un punto de partida para empezar a buscar más garantías para los líderes ambientales y las comunidades más vulnerables. Pero sin los países más afectados por la violencia o las prácticas extractivas irresponsables, el pacto tardará aún más en mostrar resultados
Fuente: France 24
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